Abogado en Derecho Administrativo y Regulatorio en Lima | Defensa Legal ante el Estado
El Estado no es un obstáculo
cuando tiene al mejor
equipo de su lado.
En JC & Tabohada Abogados defendemos su empresa ante ministerios, municipalidades, organismos reguladores y el OECE, asegurando el debido procedimiento para evitar multas, clausuras e inhabilitaciones.
Procedimientos Sancionadores (PAS)
Defensa ante OEFA, INDECOPI, SUNAFIL, OSINERGMIN, OSIPTEL y demás reguladores sectoriales.
Impugnación de Resoluciones
Recursos de reconsideración y apelación para revertir multas, clausuras y denegatorias.
Contrataciones con el Estado — OECE
Defensa ante el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes.
Barreras Burocráticas e Inhabilitaciones
Eliminación de trabas ilegales o irracionales ante INDECOPI y defensa en procesos disciplinarios (PAD).
Actuamos con firmeza ante cualquier entidad de la Administración Pública peruana.
ante los que actuamos
administrativa especializada
gestionados con éxito
en el caso de cada cliente
La Administración Pública
tiene reglas. Las conocemos
mejor que nadie.
La relación de las empresas con las entidades de la Administración Pública es variada, constante y, en muchos casos, problemática. Desde la solicitud de una licencia de funcionamiento municipal, la participación en un concurso público, hasta la discusión de una multa impuesta por una infracción regulatoria: todos esos escenarios implican el contacto con la Administración.
En JC & Tabohada Abogados asesoramos y representamos a empresas, directivos y funcionarios ante entidades administrativas y organismos reguladores a nivel nacional, regional y municipal, desde la prevención hasta la resolución del conflicto.
Nuestra asesoría abarca asuntos de vanguardia: regulación económica, cambios normativos, contrataciones con el Estado, barreras burocráticas, Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos.
Lima y todo el Perú. Representación presencial ante entidades de Lima. Acompañamiento virtual para clientes en cualquier región del país, con la misma calidad técnica y eficacia procesal.
Actuamos con firmeza y conocimiento técnico ante ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y organismos reguladores, asegurando el debido procedimiento para evitar multas, clausuras o inhabilitaciones que paralicen su actividad empresarial.
¿Cuándo necesita un abogado
administrativista en Lima?
La Administración Pública puede imponer sanciones, denegar autorizaciones y generar contingencias que afecten directamente la operación de su empresa. Estas son las situaciones más frecuentes en que nuestros clientes nos contactan:
Si recibió una multa, sanción o resolución de una entidad pública
Las resoluciones administrativas son impugnables mediante recursos de reconsideración y apelación. Los plazos son perentorios e improrrogables: en la mayoría de procedimientos, el plazo para impugnar es de 15 días hábiles desde la notificación.
Si una entidad inicia un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra su empresa
El PAS es el mecanismo mediante el cual reguladores como OEFA, INDECOPI o SUNAFIL imponen sanciones. La defensa técnica desde el inicio del procedimiento puede lograr el archivo del caso o una reducción significativa de la multa.
Si participa en contrataciones con el Estado o enfrenta una sanción del OECE
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) puede imponer penalidades, resolver contratos o sancionar proveedores. Actuamos en licitaciones, ejecución contractual y defensa ante el Tribunal del OECE.
Si su empresa o usted enfrenta un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD)
Los PAD pueden resultar en inhabilitaciones, suspensiones o destituciones. La defensa técnica especializada en procedimientos de la Contraloría General, el Servir y entidades disciplinarias es crítica desde la primera notificación.
Si una norma o exigencia municipal genera barreras para operar su negocio
Las barreras burocráticas ilegales o irracionales pueden ser eliminadas ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. También es posible solicitar medidas cautelares para suspender su aplicación mientras se resuelve el procedimiento.
Todo lo que su empresa necesita
frente a la Administración Pública.
Cobertura integral del ciclo administrativo — desde la prevención de contingencias hasta la defensa en el proceso contencioso administrativo. Sin soluciones genéricas. Cada caso, una estrategia a medida.
Actuamos ante todos los
organismos que regulan su sector.
Presencia técnica especializada ante todas las entidades de la Administración Pública peruana. Conocemos los procedimientos, los criterios de cada regulador y los argumentos que producen resultados.
Organismos reguladores sectoriales
- OEFA (Medio Ambiente)
- OSINERGMIN (Energía y Minas)
- OSIPTEL (Telecomunicaciones)
- OSITRÁN (Transporte)
- SUNASS (Saneamiento)
- SBS (Banca y Seguros)
Entidades de defensa del consumidor y competencia
- INDECOPI (Consumidor)
- INDECOPI (Competencia)
- INDECOPI (Propiedad Intelectual)
- Comisión de Barreras Burocráticas
- Sala Especializada en BB
- SUNAFIL (Laboral)
Contrataciones con el Estado (OECE)
- Licitaciones y concursos públicos
- Adjudicaciones simplificadas
- Tribunal del OECE
- Junta de Prevención y Resolución de Disputas
- Asociaciones Público Privadas (APP)
- Obras por Impuestos
Municipalidades y entidades de gobierno
- Licencias de funcionamiento
- Certificados ITSE (Defensa Civil)
- Autorizaciones municipales
- Ministerios y gobiernos regionales
- PRODUCE, MINEM, MVCS
- DIGESA, DIGEMID, SENASA
Control gubernamental y disciplina
- Contraloría General de la República
- Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
- SERVIR (PAD)
- Procedimientos deontológicos
- Colegios profesionales
- Proceso contencioso administrativo
Conocemos el lenguaje
de la Administración Pública.
No somos un estudio genérico. Nos especializamos en la interface entre las empresas y el Estado peruano. Ese foco produce estrategias que los generalistas no pueden igualar y resultados que se miden en multas revertidas, contratos protegidos y operaciones que no se paralizan.
Actuamos antes de que escale
No esperamos a la resolución final. Intervenimos desde la primera notificación del PAS o del requerimiento municipal para construir una defensa sólida que evite la sanción desde el inicio.
Visión jurídica y económica
Evaluamos el impacto financiero real de cada sanción o restricción administrativa. Le damos argumentos legales y económicos para negociar, impugnar o litigar con información completa.
Trato directo con el especialista
Su caso es gestionado directamente por abogados con dominio del derecho administrativo peruano. Sin derivaciones. Usted siempre sabe quién trabaja en su defensa y puede contactarlos directamente.
Conocimiento regulatorio sectorial
Conocemos los criterios específicos de OEFA, INDECOPI, SUNAFIL, OSINERGMIN y el OECE. Cada regulador tiene su propia lógica. Nosotros hablamos su idioma y usamos sus propios precedentes a su favor.
Comunicación clara y sin jerga
Le explicamos cada actuación de la entidad, cada plazo y cada riesgo en términos concretos. Usted decide con información real. Reportes periódicos del estado de su caso, sin sorpresas.
Lima y todo el Perú
Representación presencial ante entidades de Lima y cobertura virtual para clientes en regiones. Actuamos ante entidades nacionales, gobiernos regionales y municipalidades en todo el territorio.
El PAS es el mecanismo mediante el cual las entidades públicas (OEFA, INDECOPI, SUNAFIL, OSINERGMIN, entre otros) ejercen su potestad sancionadora. Se inicia con una imputación de cargos y puede concluir con multas, clausuras, suspensiones o inhabilitaciones. Para defenderse de forma eficaz:
- Presente sus descargos en el plazo establecido (generalmente entre 5 y 15 días hábiles desde la notificación), con argumentos técnicos y jurídicos sólidos.
- Aporte medios probatorios que desvirtúen la infracción imputada o acrediten circunstancias atenuantes.
- Solicite la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad para reducir la sanción propuesta.
- Si la resolución es desfavorable, interpon recursos de reconsideración y/o apelación para agotar la vía administrativa antes del contencioso.
⚠ No presente descargos genéricos. Cada regulador tiene criterios específicos. La calidad del escrito de descargos determina el resultado del PAS.
Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, los recursos impugnatorios son:
- Reconsideración: se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto, aportando nueva prueba. Plazo: 15 días hábiles desde la notificación.
- Apelación: se interpone ante el superior jerárquico cuando no se aporta nueva prueba pero se cuestiona la interpretación jurídica o la valoración. Plazo: 15 días hábiles.
- Revisión: procede excepcionalmente ante una tercera instancia cuando así lo establece la ley.
Agotada la vía administrativa, el acto queda firme y puede ser impugnado ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo, con un plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución que agota la vía.
Las barreras burocráticas son exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros que imponen las entidades del Estado para acceder o permanecer en el mercado, sin respaldo legal o sin justificación razonable. El INDECOPI puede declararlas ilegales o irracionales y ordenar su inaplicación. El procedimiento incluye:
- Denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del INDECOPI.
- Posibilidad de solicitar medidas cautelares para suspender la barrera mientras se tramita el procedimiento.
- La resolución de la CEB puede apelarse ante la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas.
- La declaración de barrera tiene efectos generales: protege no solo al denunciante sino a todos los agentes económicos afectados.
Sí. El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es la nueva denominación y estructura del anterior OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado). Su creación busca fortalecer la supervisión, la transparencia y la eficiencia del sistema de contratación pública. Las funciones principales del OECE incluyen:
- Supervisar el cumplimiento de la normativa de contratación pública en todas las entidades del Estado.
- Administrar el Tribunal de Contrataciones que resuelve controversias en procesos de selección y aplica sanciones a proveedores.
- Gestionar el Registro Nacional de Proveedores y las habilitaciones para contratar con el Estado.
- Resolver las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en la ejecución contractual.
La normativa vigente de contrataciones con el Estado es la Ley General de Contrataciones Públicas — Ley N° 32069 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Las reglas, procedimientos y plazos se aplican bajo la nueva estructura institucional del OECE, que asume todas las competencias del anterior OSCE.
El proceso contencioso administrativo regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, procede cuando se han agotado los recursos administrativos disponibles y la resolución final resulta contraria a los derechos e intereses del administrado. Se puede pretender:
- La nulidad del acto administrativo o resolución impugnada.
- El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídico vulnerado por la entidad.
- La indemnización por daños y perjuicios causados por la actuación administrativa ilegal.
- La ejecución de actos administrativos firmes no cumplidos por la entidad.
El plazo para interponer la demanda es de 3 meses desde la notificación de la resolución que agota la vía administrativa, salvo en materia previsional donde el plazo no prescribe.
La Administración Pública
actuó. Nosotros
respondemos hoy.
Cada día sin asesoría especializada puede costarle plazos, sanciones y operaciones paralizadas. Nuestros abogados administrativistas actúan de forma inmediata para proteger su empresa.