Abogado en Derecho Administrativo y Regulatorio en Lima | Defensa Legal ante el Estado
Frente al poder de la Administración, su defensa debe ser estratégica.
Asesoramos a empresas, funcionarios, servidores públicos y administrados en su relación con el Estado. Diseñamos defensas en fiscalizaciones, procedimientos sancionadores, recursos administrativos, barreras burocráticas, contrataciones públicas y procesos contenciosos, con control riguroso del expediente, la prueba y los plazos.
- Revisión jurídica del acto, la notificación y el expediente
- Defensa ante entidades, tribunales administrativos y Poder Judicial
- Atención presencial y virtual a nivel nacional
Tres elementos que deben revisarse desde la primera notificación.
Un acto administrativo puede ser ejecutable. No por ello es incuestionable.
Una defensa administrativa eficaz exige reconstruir la secuencia del procedimiento, verificar la competencia de la autoridad, revisar la imputación, la motivación y la notificación, y contrastar la actuación con los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y proporcionalidad.
En JC & Tabohada Abogados integramos la Ley del Procedimiento Administrativo General con la normativa sectorial, los precedentes administrativos, la evidencia técnica y el impacto operativo del caso. El objetivo es definir una respuesta jurídicamente sólida y compatible con la continuidad del negocio o la protección de la carrera pública.
¿Qué situación enfrenta?
Seleccione el supuesto más cercano a su caso. Obtendrá una orientación inicial sobre la estrategia que podría corresponder.
Defensa en fiscalización y procedimiento sancionador
La respuesta debe construirse desde el primer requerimiento, no recién con la resolución final. Revisamos la competencia, los hechos imputados, la tipificación, la prueba y la metodología sancionadora.
- Fiscalizaciones, actas, requerimientos y medidas administrativas.
- Descargos frente a imputaciones y propuestas de sanción.
- Cuestionamiento de responsabilidad, causalidad, culpabilidad y graduación.
Orientación general. La defensa definitiva requiere revisar la notificación y el expediente.
Recurso administrativo y control de validez
Analizamos si corresponde reconsideración, apelación u otro mecanismo previsto por el régimen aplicable, así como los vicios del acto y la posibilidad de solicitar suspensión o tutela cautelar.
- Falta de motivación, incompetencia o vulneración del debido procedimiento.
- Errores de hecho, valoración probatoria o interpretación jurídica.
- Revocación, nulidad, silencio administrativo y agotamiento de la vía.
El recurso y su plazo dependen del acto, la notificación y la normativa general o especial aplicable.
Denuncia de barrera burocrática
Permite cuestionar exigencias, requisitos, prohibiciones, limitaciones o cobros impuestos por entidades cuando carecen de legalidad o razonabilidad, conforme al régimen vigente.
- Identificación de la disposición, acto o actuación material que impone la barrera.
- Análisis de competencia, sustento legal y razonabilidad.
- Denuncia ante INDECOPI y evaluación de medidas cautelares.
Debe identificarse con precisión la barrera y la forma en que afecta el acceso o permanencia en el mercado o la tramitación administrativa.
Asesoría en contratación pública
Intervenimos en procedimientos de selección, ejecución contractual y controversias bajo la Ley N.º 32069, su reglamento y las modificaciones vigentes.
- Observaciones, ofertas, buena pro e impugnaciones.
- Penalidades, ampliaciones, adicionales, resolución y liquidación.
- Procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.
La estrategia depende de la etapa, las bases, el contrato y el régimen temporal aplicable.
Defensa disciplinaria y de control
La imputación debe examinarse a la luz del régimen del servidor, la competencia de las autoridades, la prescripción, la tipicidad y la prueba de responsabilidad.
- Procedimientos administrativos disciplinarios y recursos.
- Responsabilidad administrativa funcional y actuaciones de control.
- Medidas preventivas, sanciones e inhabilitaciones.
El régimen aplicable y la autoridad competente deben identificarse antes de formular la defensa.
Defensa integral, desde la prevención hasta el litigio.
Asumimos la estrategia jurídica frente a entidades públicas y organismos reguladores, integrando la normativa general con las reglas técnicas de cada sector.
01Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores
- Requerimientos, actas, medidas preventivas y cautelares.
- Descargos, informes orales y actuación probatoria.
- Recursos contra multas, clausuras, suspensiones y otras sanciones.
02Recursos administrativos, nulidad y revocación
- Reconsideración, apelación y revisión cuando esté legalmente prevista.
- Nulidad, revocación, silencio administrativo y queja por defectos de tramitación.
- Suspensión de efectos y protección frente a la ejecución del acto.
03Licencias, autorizaciones y defensa municipal
- Licencias de funcionamiento, ITSE y autorizaciones sectoriales.
- Denegatorias, revocaciones, cancelaciones y clausuras.
- Fiscalización municipal, medidas correctivas y ejecución coactiva.
04Eliminación de barreras burocráticas
- Auditoría de requisitos, cobros, prohibiciones y restricciones.
- Denuncias ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Medidas cautelares, apelación y seguimiento de la inaplicación.
05Contrataciones públicas y controversias contractuales
- Procedimientos de selección e impugnación de la buena pro.
- Ejecución, penalidades, ampliaciones, adicionales y resolución.
- Defensa en procedimientos sancionadores y controversias contractuales.
06Procedimientos disciplinarios y responsabilidad funcional
- Descargos, prueba, informes orales y recursos.
- Prescripción, tipicidad, culpabilidad y competencia sancionadora.
- Defensa frente a suspensión, destitución e inhabilitación.
07Proceso contencioso administrativo y medidas cautelares
- Nulidad, reconocimiento y restablecimiento de derechos.
- Medidas cautelares para proteger la eficacia de la decisión final.
- Defensa en todas las instancias y ejecución de sentencia.
Rigor jurídico con lectura regulatoria.
Una defensa sólida empieza por ordenar el expediente y comprender cómo la decisión administrativa afecta la operación, el patrimonio o la carrera pública.
Control inmediato de plazo y riesgo
Verificamos la notificación, el acto, la vía, la fecha límite y la posibilidad de ejecución o daño mientras se resuelve el caso.
Reconstrucción del expediente y la prueba
Ordenamos antecedentes, actuaciones, informes técnicos, comunicaciones y evidencia necesaria para controvertir la posición de la entidad.
Diseño de la estrategia administrativa
Contrastamos la LPAG con el régimen sectorial, precedentes y criterios del regulador para definir descargos, recursos o una solución preventiva.
Impugnación, litigio y ejecución
Conducimos la defensa hasta la decisión final, evaluamos tutela cautelar y promovemos el cumplimiento efectivo del resultado obtenido.
Experiencia transversal frente al Estado.
Cada entidad aplica reglas, criterios y procedimientos propios. La estrategia debe comprender tanto la LPAG como el marco sectorial vigente.
Laboral y seguridad y salud
SUNAFIL, inspecciones, medidas inspectivas, PAS y Tribunal de Fiscalización Laboral.
Consumo y competencia
INDECOPI, protección al consumidor, competencia, propiedad intelectual y barreras burocráticas.
Ambiental, energía y minería
OEFA, OSINERGMIN, SENACE, MINEM, ANA y autoridades sectoriales competentes.
Telecomunicaciones y transporte
OSIPTEL, OSITRAN, MTC, SUTRAN y procedimientos vinculados a infraestructura y servicios.
Municipal y autorizaciones
Municipalidades, PRODUCE, DIGESA, DIGEMID, SENASA y otras autoridades habilitantes.
Contratación, control y servicio civil
OECE, Tribunal de Contrataciones Públicas, Contraloría, SERVIR y órganos disciplinarios.
Una estrategia que comprende el expediente y el sector.
Análisis del expediente, no respuestas genéricas
Revisamos la secuencia procedimental, la notificación, la competencia, la prueba y los efectos reales del acto.
Conocimiento regulatorio sectorial
Integramos la LPAG con la normativa especial, los precedentes y los criterios aplicados por cada entidad.
Argumentación jurídica, técnica y económica
Articulamos normas y evidencia especializada para explicar por qué la actuación debe corregirse, revocarse o anularse.
Prevención y litigio bajo una sola estrategia
Anticipamos contingencias y, cuando el conflicto ya existe, conducimos la defensa administrativa y judicial.
¿Qué debo hacer al recibir una notificación administrativa?
¿Cuánto tiempo tengo para impugnar una resolución?
¿Presentar un recurso suspende automáticamente la sanción?
¿Cuándo una exigencia puede ser una barrera burocrática?
¿Qué norma rige actualmente las contrataciones públicas?
¿Cuándo corresponde acudir al proceso contencioso administrativo?
¿Atienden casos fuera de Lima?
La notificación ya produjo efectos. Su estrategia debe empezar ahora.
Envíenos el acto, la constancia de notificación y los principales antecedentes. Revisaremos el plazo, el riesgo, la vía aplicable y las acciones necesarias para proteger su posición jurídica.
La información de esta página es general y no sustituye una opinión legal sobre un caso concreto. La aceptación del patrocinio está sujeta a evaluación previa y verificación de ausencia de conflicto de intereses.