Tutela de derechos en el Perú

La tutela de derechos es un mecanismo de protección dentro del proceso penal. El artículo 71.4 del Código Procesal Penal permite acudir al juez de la investigación preparatoria cuando, durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, se incumplen las garantías del imputado o se le imponen restricciones indebidas o requerimientos ilegales. El juez puede subsanar una omisión y disponer medidas de corrección o protección, previa constatación de los hechos y audiencia con intervención de las partes. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.4).

Su fundamento constitucional se encuentra en el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el derecho de defensa. La Constitución garantiza que nadie sea privado de defensa en ningún estado del proceso; el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal desarrolla, entre otras garantías, la información sobre la imputación y la asistencia de abogado desde los primeros actos de investigación. (Congreso Constituyente Democrático, 1993, art. 139, incs. 3 y 14; Poder Ejecutivo, 2004, Título Preliminar, art. IX).

El artículo 71 está construido, expresamente, alrededor del imputado, quien puede hacer valer sus derechos personalmente o mediante su abogado. No es necesario esperar una acusación para ejercer la defensa: esta corresponde desde los actos iniciales en los que la investigación se dirige contra una persona. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.1; CSJ, 2012, fundamento 10).

Sin embargo, no sería exacto sostener que los demás sujetos procesales quedan excluidos en todos los casos. El Tribunal Constitucional, en el Expediente 00788-2020-PA/TC , recordó que, para preservar la igualdad procesal durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, los sujetos procesales o partes involucradas pueden cuestionar mediante tutela el ejercicio regular de las funciones fiscales ante el juez de garantías. (Tribunal Constitucional [TC], 2021, fundamento 15).

El imputado tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. La sola mención de un delito o una referencia colectiva a varios investigados puede resultar insuficiente si no permite comprender la conducta atribuida y organizar una defensa efectiva. El análisis debe atender al contenido concreto de la imputación y al grado de precisión exigible en esa fase de investigación. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.2.a; CSJ, 2012, fundamentos 6–10).

1. 01 · Solicitar precisión al fiscal Identificar qué hecho, conducta o intervención no está suficientemente descrito.
2. 02 · Acreditar la respuesta o la omisión Documentar la desestimación o la reiterada falta de atención de la solicitud.
3. 03 · Evaluar la tutela excepcional Explicar la omisión patente y su efecto sobre la defensa, sin pedir el archivo por esta vía.

La petición debe señalar qué información falta y cómo esa carencia impide defenderse. Por ejemplo, si a un gerente se le atribuye una actuación delictiva junto con otros funcionarios, puede requerirse la precisión de su intervención concreta. El juez puede ordenar subsanar los cargos, pero esta tutela no permite anular la formalización, disponer el archivo ni adelantar un sobreseimiento por considerar débiles los elementos de convicción. (CSJ, 2012, fundamentos 9–11).

La asistencia de un abogado corresponde desde los actos iniciales de investigación. Además, el imputado puede abstenerse de declarar; si decide hacerlo, tiene derecho a que su defensor esté presente en su declaración y en las diligencias que requieran esa presencia. Impedir injustificadamente esa asistencia o utilizar presiones para obtener una declaración puede justificar una tutela, siempre que se acredite la afectación y no exista un cauce específico para remediarla. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.2.c–e; CSJ, 2010, fundamentos 10–14).

Antes de declarar deben comunicarse los hechos imputados y las demás indicaciones previstas por la ley. La decisión de guardar silencio no puede utilizarse en perjuicio del imputado, quien también tiene derecho a consultar con su abogado antes de iniciar la diligencia en las condiciones del artículo 87.2. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 87).

El artículo 71 protege frente a medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad y frente a restricciones no autorizadas por la ley. También reconoce el derecho a un examen médico cuando el estado de salud lo requiera, a conocer los motivos de la detención y a que esta se comunique inmediatamente a la persona o institución designada. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.2.a, b, e y f).

Una omisión comprobable de esas garantías puede justificar una petición de protección o corrección. Resultan relevantes el acta de intervención, las solicitudes presentadas, los registros de atención y los documentos médicos. El pedido debe vincular estos hechos con una medida concreta, como asegurar la evaluación médica o permitir la comunicación legalmente exigida.

La tutela puede servir, bajo condiciones específicas, para solicitar la exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente. El Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 contempla este supuesto cuando ese material constituye la base de sucesivas medidas o diligencias, la afectación se relaciona con derechos del artículo 71 y no existe una vía propia para lograr la exclusión. (CSJ, 2010, fundamento 17).

La base normativa está en el artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 159 del Código Procesal Penal, que impiden utilizar pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. Por ello, la defensa debe identificar el elemento cuestionado, explicar cómo se obtuvo y acreditar la lesión constitucional. Una irregularidad formal, por sí sola, no demuestra ese presupuesto. (Poder Ejecutivo, 2004, Título Preliminar, art. VIII y art. 159).

Por ejemplo, una declaración obtenida mediante coacción puede requerir una respuesta judicial distinta de la que corresponde a una discrepancia sobre la credibilidad de un testigo. La exclusión exige sustentar la ilicitud y su relación con el material cuestionado; no supone, por sí misma, que toda la investigación deba archivarse. (CSJ, 2010, fundamentos 16–18).

La regla general es que la tutela del artículo 71.4 opera durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Aunque los derechos del imputado se mantienen hasta la culminación del proceso, eso no significa que este incidente pueda promoverse indistintamente en cualquier etapa. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.1 y 71.4; CSJ, 2010, fundamento 19).

La residualidad obliga a identificar el mecanismo diseñado para el problema. El Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 menciona, entre otros, el control de plazo, el reexamen de intervenciones de comunicaciones y el cauce para diligencias rechazadas por el fiscal. (CSJ, 2010, fundamentos 13–14).

La elección depende del acto, la etapa y la pretensión. La existencia de una vía específica debe examinarse en su contexto: en la Casación 1145-2021/Arequipa , la Corte también valoró que se había impedido a la defensa obtener el pronunciamiento judicial por el cauce del artículo 337. Este caso excepcional exige analizar la afectación efectiva, sin asumir que toda denegatoria de una diligencia habilita una tutela. (Poder Ejecutivo, 2004, arts. 6.1.b, 283 y 337.5; CSJ, 2022, fundamentos 12–15).

1. Identificar el acto y la etapa

   Precisar la carpeta fiscal o expediente, la autoridad, la diligencia o disposición, la fecha y la situación actual de la investigación.

2. Explicar la vulneración concreta

   Relacionar los hechos con el derecho protegido. No basta mencionar el debido proceso de manera general: debe mostrarse qué se impidió hacer o qué restricción indebida se impuso.

3. Sustentar la elección de la vía

   Explicar por qué corresponde tutela y si existe un mecanismo específico. Cuando se reclama una imputación insuficiente, acompañar el pedido previo al fiscal y su respuesta o las constancias de la reiterada falta de atención.

4. Aportar los documentos relevantes

   Adjuntar las actas, citaciones, disposiciones, solicitudes y cargos de recepción que permitan verificar el agravio. Si se cuestiona material obtenido ilícitamente, identificarlo y demostrar la relación con la vulneración.

5. Formular un petitorio preciso

   Solicitar la subsanación, corrección o protección necesaria. Por ejemplo, precisar hechos imputados, garantizar asistencia del defensor o excluir un elemento en las condiciones admitidas por la jurisprudencia. La medida debe guardar relación con el daño acreditado.

6. Sustentar el pedido ante el juez competente

   El artículo 71.4 prevé constatación de hechos y audiencia con intervención de las partes. La solicitud está sujeta a evaluación judicial: el Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 admite controlar su procedencia y rechazar pedidos manifiestamente orientados a obstruir la investigación. (Poder Ejecutivo, 2004, art. 71.4; CSJ, 2010, fundamento 15; CSJ, 2012, fundamento 11).

La tutela resulta útil cuando permite restablecer un derecho afectado mediante una medida concreta y oportuna. Su eficacia depende de demostrar el agravio y elegir el cauce procesal adecuado. Conocer esos límites permite defenderse desde los primeros actos de investigación y evitar peticiones que no pueden producir el resultado buscado.